Conclusiones

 

Conclusiones 

A pesar de que la constitución política de 1991 en su artículo 68 establece que la cualificación docente estará garantizada por el estado y velará porque los procesos de formación de los educadores garanticen el derecho fundamental a la educación con calidad, en la actualidad las mismas normativas se olvidan de aspectos vitales como el trabajo digno, bien remunerado y estable.

     Los procesos de evaluación diagnóstico-formativa promueven la formación, la actualización y la evaluación de desempeño como un proceso que permita innovar y transformar las maneras de resignificar la profesión docente en nuestro país. Esta no debe ser contemplada únicamente con fines sancionatorios o punitivos que impidan ascensos o crecimiento profesional. Las acciones deben estar acompañadas de la cualificación y la formación permanente.

    La evaluación del periodo de prueba debe contemplar más variables que las establecidas por estándar ya que las condiciones socio-económicas, de accesibilidad, de limitación de recursos y de violencia pueden entorpecer el quehacer docente. Adicionalmente, el docente no debe ser aquel que dé solución a los problemas estructurales de la educación como la falta de recursos tecnológicos y didácticos, los cuales pertenecen a las autoridades locales y nacionales.

La labor docente y su evaluación deben ir acompañadas del apoyo de todas las entidades gubernamentales para que el docente pueda actualizar su conocimiento de manera constante y se le debe garantizar su trabajo, salario y condiciones apropiadas que no interfieran en su enseñanza ni en el aprendizaje de sus estudiantes.